El próximo decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre la extinción de dominio dispone la creación de una oficina que llevará adelante una nueva acción civil, que comprende a aquellos bienes que se presume provienen de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, y cuyos responsables no puedan probar su origen lícito.

Según fuentes del Gobierno nacional, la normativa apuntará a cortar el sistema de financiación de las organizaciones delictivas nacionales e internacionales. A partir del decreto, habrá una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN), la cual funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación, y será la encargada de llevar adelante las investigaciones preliminares, junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones, según informó el Ministerio de Justicia de la Nación.

Macri firmará un DNU para poder recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico

Los bienes alcanzados por la nueva acción civil son todos aquellos susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria.

También incluye los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes mencionados.

Los delitos abarcados por el régimen de extinción son los de la ley 23.737 de estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo.

Asimismo comprende el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones Ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

Por otra parte, serán alcanzados por la norma delitos como el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas.

Con esta medida, la Argentina cumple con obligaciones internacionales asumidas en las convenciones Internacionales contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de las Naciones Unidas, e interamericanas contra el Terrorismo y contra la Corrupción, señala la información.

Durante la sustanciación del proceso, la administración de los bienes estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Por otra parte, la normativa introduce la posibilidad de que el Ministerio Público desarrolle programas de colaboración de personas que aporten información bajo identidad reservada, el colaborador eficaz, fijando una compensación de hasta el 10% de los bienes a los que se le extinguiría el dominio (Télam)